Estonia está evaluando una reforma legal que podría ampliar de forma significativa las competencias de sus fuerzas de seguridad en materia de acceso a información digital.
La propuesta, actualmente en fase de debate, permitiría a la policía solicitar (e incluso exigir) a los ciudadanos fotografías y vídeos almacenados en sus dispositivos si estos pudieran contener información relevante sobre alteraciones del orden público o posibles amenazas.
Según la radiotelevisión pública estonia ERR, el cambio se incluiría en una enmienda a la sección 30 de la Ley de Aplicación de la Ley, que ampliaría el concepto de ‘información en otra forma’ más allá de los documentos oficiales. En la práctica, esto abriría la puerta a que archivos personales como imágenes o grabaciones de vídeo puedan ser requeridos durante investigaciones policiales.
La ministra de Justicia del país, Liisa-Ly Pakosta, ha defendido el alcance de la medida, subrayando que, aunque las fuerzas del orden podrían “exigir” este tipo de material, los ciudadanos seguirían contando con derechos legales dentro del procedimiento. Entre ellos, ha mencionado la posibilidad de recurrir a asesoramiento jurídico durante el proceso, en línea con las garantías de un Estado de derecho.
Vigilancia desde el aire
La propuesta legislativa también incorpora un marco específico para el uso de drones en tareas de vigilancia. Estos dispositivos estarían claramente identificados y, según el borrador, solo podrían captar o transmitir imagen —sin grabación de audio— con el objetivo de reforzar la protección de la privacidad.
El uso de drones quedaría además limitado a situaciones concretas, como la supervisión de grandes concentraciones, el control del tráfico, la respuesta a emergencias o el apoyo visual cuando no sea posible la observación directa por parte de agentes. También podrían emplearse en operaciones de rescate, protección de infraestructuras críticas o vigilancia de fronteras, descartándose la vigilancia rutinaria.
El acceso a estas imágenes estaría sujeto a reglas estrictas de transparencia, incluyendo la notificación al público sobre su uso y el tratamiento de los datos. En principio, el material obtenido no podría conservarse durante más de 30 días.
Deja una respuesta