Las autoridades de Jordania se habrían servido de software forense comercial para acceder al contenido de teléfonos móviles pertenecientes a activistas y defensores de derechos humanos que se manifestaron de manera crítica contra la guerra en Gaza.
Jordania habría utilizado la herramienta Cellebrite, perteneciente a la compañía del mismo nombre y de origen israelí. Esta empresa desarrolla software que usan las fuerzas del orden de todo el mundo para acceder a teléfonos bloqueados.
El FBI se ha apoyado en ella para extraer datos de sospechosos en casos notorios, como el de un hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024.
Cellebrite puede extraer datos, incluidos chats, archivos, fotos, videos, historial de ubicaciones, contraseñas guardadas, historial de WiFi, registros telefónicos, correo electrónico, historial web, cuentas de redes sociales, información de aplicaciones de terceros e incluso datos que el propietario de un teléfono haya intentado eliminar.
Esta herramienta usa ataques de fuerza bruta y operaciones más avanzadas basadas en exploits para evadir la seguridad y el cifrado de los dispositivos.
Desde finales de 2023 a mediados de 2025, las autoridades jordanas extrajeron datos de al menos siete teléfonos pertenecientes a activistas y defensores de derechos humanos. La extracción se produjo en todos los casos cuando estas personas estaban siendo interrogadas o detenidas por sus discursos.
En cuatro de dichos casos, investigadores de Citizen Lab analizaron los dispositivos confiscados y encontraron evidencias claras de que se había usado tecnología compatible con Cellebrite para acceder a los datos.
Hay otros tres casos donde registros judiciales jordanos mencionan informes técnicos basados en detalles extraídos de teléfonos, los cuales luego se usaron como prueba en procesos abiertos bajo una ley de delitos informáticos.
Un caso bastante llamativo fue el de un activista que nunca facilitó su clave a la policía, pero sí que vivió como esta desbloqueaba su dispositivo. Cuando le entregaron su terminal, después de días de detención, encontró su contraseña pegada con cinta en la parte de atrás del móvil.
No obstante, se cree que los investigados pueden alcanzar decenas. Jordania lleva reprimiendo a los activistas desde al menos 2015, cuando promulgó una ley de ciberdelitos que penaliza ciertas expresiones online. Esta fue ampliada todavía más en 2023 para incluir calumnias.
Organizaciones de derechos humanos han documentado situaciones similares en otros países, donde herramientas de extracción forense han sido utilizadas contra periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Jordania no es la única
La propia Citizen Lab denuncia que el software también ha sido usado indebidamente para espionaje por parte de los gobiernos de Rusia, Nigeria, Botsuana, Myanmar e Italia. Asimismo, se habría vendido a autócratas de Bielorrusia, Bangladesh, China, Hong Kong y Venezuela.
Desde la firma israelí no han negado los hallazgos de la asociación en Jordania. En un comunicado comentan que evalúan a los clientes potenciales «según parámetros internos de derechos humanos, lo que nos ha llevado históricamente a suspender operaciones en jurisdicciones donde los riesgos se consideraban incompatibles con nuestros valores corporativos”.
Además, aseveran que licencian tecnología únicamente para «fines legales» y exigen a los clientes que certifiquen «explícitamente que poseen la autorización legal válida antes de usarla”.
Estos precedentes refuerzan la preocupación de que tecnologías creadas para fines legítimos puedan convertirse en instrumentos de vigilancia y control cuando se aplican en entornos con escasa supervisión.
CitizenLab ha dado un paso adelante y ha pedido a Cellebrite que considere incluir marcas de agua en los dispositivos a los que apunta con identificadores únicos vinculados a clientes específicos con el fin de aumentar la responsabilidad y hacer que los abusos se detecten más fácilmente.
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